PIDEN DOS AÑOS DE CÁRCEL PARA UNA DIVORCIADA ACUSADA DE ALENTAR A SU HIJO A QUE NO FUESE CON SU PADRE
El fiscal considera que la mujer hacía que el menor llorase para evitar los encuentros
Por querer destruir la relación entre padre e hijo y, entre otras cosas, por llegar a provocar llantos en el menor para que no fuese con su progenitor, una coruñesa ocupará la próxima semana el banquillo de los acusados y, si no logra convencer al juez de su inocencia, podrá ser condenada a dos años de prisión como autora de un delito contra los derechos y deberes familiares.
Los hechos no son de ahora, ya se venían arrastrando desde que la procesada emprendiera, en el 2004, los trámites para separarse del que era su marido y ahora denunciante. Cuenta la acusación pública en su escrito de calificación que nada más producirse la ruptura matrimonial la procesada incumplió el régimen de visitas que impuso el juzgado de familia, que como medidas provisionales ordenaba a la madre entregar al hijo de ambos dos domingos al mes durante dos horas, de cinco a siete de la tarde. Ni eso. Los incumplimientos, según afirma el fiscal, fueron el pan nuestro de cada día. Ni siquiera hacía caso a los continuos requerimientos judiciales que le fueron enviando a lo largo de estos últimos años.
Órdenes judiciales
El juzgado de familia, a pesar de la situación, fue ampliando con el tiempo el régimen de visitas. De dos horas cada 14 días a siete; y así en adelante. Pero nada. Todo seguía igual. La mujer continuaba quedándose en casa cuando estaba obligada a llevar al menor a un punto de encuentro en A Coruña. El juez decretó incluso que fuesen los psicólogos quienes actuasen como intermediarios entre padre y madre a la hora de que el menor pase del cuidado de uno a otro sin que los padres tengan que verse la cara.
El fiscal recuerda en su escrito de acusación que la madre siempre «hizo caso omiso de la obligación que tiene de fomentar el contacto entre padre e hijo, manteniendo una actitud obstructiva y reticente al cumplimiento de las resoluciones judiciales, negándose continuamente a dejar al menor en compañía de los profesionales del punto de encuentro para que estos le entregasen el niño al padre». Añade la acusación pública que la procesada llegaba incluso a «alentar los gritos y llantos en el niño con la finalidad de preconstituir así la excusa para no realizar la entrega», diciendo que era el menor el que no quería ir con el padre.
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